Un análisis reciente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) revela una preocupante concentración del mercado asegurador en unas cuantas ciudades del país. Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara acaparan nada menos que el 65% de las primas en seguros de gastos médicos mayores y seguros de vida.

Este fenómeno refleja las profundas desigualdades que persisten en México. Mientras que en la capital el 58.9% de la población económicamente activa cuenta con un seguro de vida individual, en el resto del país el acceso a estos productos financieros es mucho más limitado. La falta de información, la complejidad de los seguros y, sobre todo, los altos costos, son barreras que excluyen a millones de mexicanos de la protección que ofrecen estos instrumentos.

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La inflación médica, que supera con creces la inflación general, ha sido un factor determinante en el encarecimiento de las pólizas. Los precios fijados por hospitales, médicos y proveedores de insumos han disparado los costos de operaciones y hospitalizaciones, obligando a las aseguradoras a trasladar estos aumentos a las primas. Pero el problema no acaba ahí: la proliferación de gestores que promueven el uso excesivo de los seguros también ha contribuido a la espiral alcista.

Ante este panorama, no sorprende que los seguros sigan percibiéndose como productos de lujo, fuera del alcance de la mayoría. Incluso entre quienes pueden pagarlos, la falta de información y asesoría adecuada desalienta la contratación. Muchos no logran ver el beneficio tangible de tener una póliza, especialmente en el corto plazo.

La concentración geográfica del mercado asegurador es un reflejo de las brechas de desarrollo que separan a las grandes urbes del resto del país. Mientras que en las ciudades más prósperas hay una masa crítica de consumidores con capacidad de pago, en amplias zonas del interior el poder adquisitivo es mucho más limitado. Esto ha llevado a que la profesionalización de los agentes de seguros se dé principalmente en las metrópolis, dejando desatendidas a las regiones más marginadas.

Para revertir esta situación, se requieren políticas públicas que fomenten la inclusión financiera y la democratización de los seguros. Programas de educación y asesoría, subsidios a las primas para grupos vulnerables, y una mayor regulación de los costos médicos, podrían ser algunos de los caminos a explorar. Solo así podremos avanzar hacia un México más justo e igualitario, donde el acceso a la protección financiera no dependa del código postal.