En un giro inesperado, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha vetado a los cuatro aspirantes propuestos por el Poder Legislativo para ocupar el cargo de Fiscal General de Justicia del estado. Esta decisión ha generado controversia y debate sobre la selección de altos funcionarios en la entidad.

García Sepúlveda argumentó que la lista enviada por el Congreso no incluía a ninguna mujer, lo que contraviene los principios de inclusión y equidad de género que deben regir en estos procesos. Los aspirantes descartados son Alberto Barrera Cantú, Genaro García de la Garza, Guadalupe Saldaña Vargas y Pedro José Arce Jardón, todos ellos vinculados al alcalde electo de Monterrey, Adrián de la Garza.

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Este no es el primer tropiezo en el proceso de selección del Fiscal General. Anteriormente, el Ejecutivo estatal había anulado el proceso, lo que llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a ordenar su reinicio. Ahora, con el veto del gobernador, el proceso enfrenta un nuevo obstáculo.

Carlos de la Fuente Flores, coordinador de los diputados del PAN, confirmó el veto y aclaró que, según la Constitución, el gobernador tiene la facultad de rechazar a uno de los candidatos de la terna. Sin embargo, García Sepúlveda ha optado por vetar a los cuatro aspirantes, una decisión que algunos consideran un uso excesivo de su autoridad.

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El veto abre la puerta para que el Congreso cite a los aspirantes para que comparezcan ante los diputados locales. No obstante, la Suprema Corte ha determinado que el Ejecutivo no puede vetar el proceso de selección, lo que limita las posibilidades de impugnar la decisión.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León se encuentra sin un titular desde octubre de 2022, cuando Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez renunció al cargo. Esta vacancia ha generado preocupación y la necesidad de un nombramiento urgente.

Con este veto, el proceso de selección del nuevo Fiscal General enfrenta un nuevo obstáculo. Se espera que la Diputación Permanente del Congreso del Estado tome decisiones sobre cómo proceder en la búsqueda de un candidato que cumpla con los requisitos de representación y competencia, y que pueda ser aceptado por ambos poderes.